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  • César Carvajal y Daniela Escallón

When el heteropatriarcado opresor te pone en tu lugar





Por: César Carvajal y Daniela Escallón


El título de este post reproduce la leyenda de un meme publicado en 2017. El texto aparecía al pie de un montaje de Carolina Sanín Paz con un ojo morado. Sus autores, los chompos recargados o reloaded, eran un grupo de estudiantes de la Universidad de Los Andes dedicados a –lo que consideraban – humor políticamente incorrecto (grupos con nombres semejantes se han creado en muchas universidades del país). Antes, habían publicado otra imagen de la profesora, en un collage con un trozo de pizza, un perro caliente, una hamburguesa, y la leyenda “cosas que me quiero comer”.


Estos memes fueron episodios del enfrentamiento que sostuvieron en redes con Carolina Sanín Paz, quien además había publicado una serie de post criticando aspectos de la vida universitaria, como “el hacinamiento”, la recepción de recursos del programa ser pilo paga o la actitud de unas estudiantes jugando cartas, publicaciones que, al parecer, generaron malestar en diversos miembros de la comunidad universitaria y animaron algunos ataques de los chompos.


Por estos hechos, la Universidad activó un protocolo anti matoneo a favor de Carolina Sanín Paz; pero inició también un proceso disciplinario laboral en su contra, que culminó con la terminación de su contrato de trabajo.


Carolina Sanín Paz presentó acción de tutela por estos hechos y esta semana se conoció la sentencia T-362 de 2020 de la Corte Constitucional en la que niega su tutela, considerando que la actuación de la universidad obedeció a las múltiples provocaciones de Carolina Sanín Paz, su caso debe analizarse con independencia de las actuaciones de los chompos, y sin aplicar un enfoque de género, pues este solo opera cuando la persona está en situación de desventaja. El contenido, la forma y el tono de sus mensajes eran provocadores y no representaban un interés público o general. Además, dijo la Corte, la profesora tenía un modus operandi que consistía en interpretar las cosas desde su propia percepción para perseguir a la institución educativa.


Esta sentencia es polémica y preocupante. Lo primero, porque choca con la jurisprudencia de la propia Corte y con una amplia tradición filosófica; y lo segundo porque desde su publicación hay menos libertad de expresión en Colombia, como veremos. Antes de referirnos a su contenido, vale la pena notar que la sentencia salió más de 2 años después de su llegada a la Corte Constitucional, lo que se opone al carácter preferente y ágil de la tutela. Además, en este caso, la oportunidad era muy relevante, pues la Internet cambia día a día, grupos como el de los chompos se multiplican y desaparecen, y el alcance de lo que cabe decir en la red se ha tornado en un problema constitucional ineludible. (Piénsese, por ejemplo, en el cierre de la cuenta de Twitter del ex presidente de los Estados Unidos).


El choque con la jurisprudencia previa se da en varios frentes. En especial, (i) avalar la retaliación por un mensaje “provocador” se acerca a la censura: parece advertir a quien se expresa que las venganzas serán legítimas, aun si recaen sobre sus derechos; (ii) ninguna expresión debería analizarse con independencia de su contexto, más cuando ese contexto incluye las acciones discriminatorias de los chompos; (iii) la misma Corte advirtió en un proceso por violencia intrafamiliar iniciado por una Consejera de Estado, que todos los jueces deben aplicar el enfoque de género cuando el caso pueda involucrar conductas discriminatorias por razón de género (en ese caso, a pesar del alto cargo de la tutelante); (iv) los discursos críticos están especialmente protegidos. Más allá de que las palabras sean incómodas para algunos, la Corte no explicó por qué cuestionamientos sobre el aumento de la población universitaria o la recepción de recursos públicos por universidades privadas no merecían esa protección. (v) Tanto la Corte Constitucional como la Interamericana han señalado que la expresión comprende el contenido, la forma y el tono. Y, por último, (vi) ¿cómo entender que la Corte hable de modus operandi, un concepto de la investigación criminal, para referirse a las expresiones de Carolina Sanín?


La sentencia choca también con una amplia tradición filosófica en torno a la importancia de ampliar cada vez más la expresión y el discurso.


Así, como lo advierte el salvamento de voto a la sentencia mencionada, hace cerca de dos siglos, John Stuart Mill construyó una de las defensas más sólidas a la libertad de expresión. El filósofo pensaba en una sociedad donde cada persona podría pararse en un banco de cualquier esquina e impulsar el discurso público con la sola fuerza de su voz, y que el encuentro al igual que el choque de estas voces serviría a la construcción de la democracia. Tiempo después, otros filósofos denunciaron fallas de esta imagen utópica ante la realidad de una sociedad capitalista con esquinas privilegiadas, mientras que el derecho internacional de los derechos humanos ha cerrado el espacio a los discursos abiertamente discriminatorios y de odio.


Actualmente, la red (la Internet) multiplica indefinidamente las esquinas, pero no elimina los privilegios y hace difícil el control de los discursos discriminatorios y de odio. Pero en ese espacio poblado por infinitas esquinas, limitar la expresión, controlarla y vigilarla más allá de los estándares mencionados puede ser ingenuo y peligroso. Ingenuo, porque aun la decisión de cerrar grupos o eliminar cuentas no puede impedir el surgimiento de nuevos grupos y cuentas similares, y peligroso porque deja en cabeza de unas personas la posibilidad de acallar a otras. Por eso, aunque lejos de la utopía de Mill, aún hoy la mejor forma de enfrentar los discursos discriminatorios u otros fenómenos como las noticias falsas (capaces de elegir presidentes) o los riesgos para la integridad de niños y niñas en la red, es la ampliación constante del discurso. Solo el intercambio de ideas debería indicar qué es lo relevante y sólo la posibilidad de acceder a información de calidad podría enfrentar los discursos mencionados.


La decisión es preocupante también en el plano laboral. La Corte defendió la autonomía de la universidad como decisión de un empleador privado. Pero no consideró que toda universidad, al igual que las redes sociales, son amplios escenarios de intercambio de pensamiento; que una universidad no es un empleador cualquiera, pues su negocio está atravesado por principios constitucionales dado que ha asumido de la mano del estado la concreción de un derecho fundamental y un servicio público. Por eso contrasta la defensa de su decisión como empleador privado con la destinación de recursos públicos por parte del Gobierno para que personas de bajos recursos puedan acceder a su educación de élite.


La Corte olvidó también que las expresiones incómodas son las que permiten y exigen comprender la amplitud del derecho, no solo como mecanismo de construcción democrática, sino también como medio de control y oposición al poder: es en cierta medida inocua la defensa de quien solo expresa los buenos días con una sonrisa en sus labios; pero es en cambio icónica la expresión de quien se enfrenta a gobiernos o dogmas, buscando atraer atención mediante formas y tonos disonantes.


En ese contexto, cuando la Corte cuestiona el modo, la forma y el tono de las publicaciones de Carolina Sanín parece que en realidad no le molestara el “tono”, sino el “tonito”: la expresión de una mujer incómoda para su empleador, una institución poderosa, como lo demuestran el contexto y circunstancias del caso concreto. Y por eso, al leer esta sentencia, queda la impresión de que los chompos no imaginaron siquiera la fuerza predictiva de su meme discriminatorio: el ojo morado y la leyenda citada como presagio de la manera en que la institucionalidad pone en su sitio a quien ejerce una opinión crítica y asume un tono incómodo, en especial, si se trata de una mujer.


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